Gonzalo Espino Relucé
3. Escasas políticas educativas
Pensar la relación del poder y la escuela, es volver a imaginar cómo el Estado peruano ha pensado e imaginado la educación. En líneas generales, el estado se ha movido como una entidad que ha dejado al libre albedrío a la escuela y no ha desarrollado un programa capaz de imaginar la educación como un bien público y social. Se constata que las políticas educativas han sido erráticas, que el tema de la educación masiva e inclusiva nunca fueron una política de inversión del estado. Los acercamientos de Manuel Iguíñez (2005), en la última década, nos permite ver que ocurrió con los diversos programas que el gobierno de Fujimori y de Toledo desarrollaron. En ambos casos, sí se perciben avances, estos corresponden a las buenas intenciones, pero no a un diseño concreto y realizable. Si en algún momento el estado fue benefactor, hay que pensar al nuevo estado como cínicamente intervencionista, sin una propuesta a largo plazo.
En todo caso, lo que interesa aquí es preguntarnos si hubo políticas educativas explícitas y, si las hubo, ¿cómo se concretaron? ¿De qué manera el Estado, intervino a lo largo de la historia republicana en la educación de los peruanos? La historia es incierta, son básicamente gestos de carácter populista y cuyo impacto no tuvo concreciones notables ni continuidades. Si para inicios del siglo XX se promueven leyes que favorecen la creación de la escuela para niños en los enclaves mineros y agrarios; la escuela nocturna será un saludo a la bandera o un asunto digno de cualquier programa cómico si se trata del acceso a la escuela para las mujeres (se reducía a los domingo, después de la misa).
La década del 70 será de una intensa agitación cultural en lo que se llamó Reforma Educativa que luego será desmantelada con el retorno a la vida democrática. En las dos últimas décadas este proceso ha obedecido a las exigencia de estándares mundiales para enfrentar la pobreza (que la población acceda al servicio educativo para que pueda sobrevivir), como respuesta a las exigencias de la banca mundial y que se percibe en los diversos intentos que realizó el gobierno de Alberto Fujimori en la llamada “Nueva educación”, de errática factura y el programa continuado durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, como el “Nuevo enfoque”.
Si los programas fueron estructuras burocráticas o señales de un ritual que se repetía para indicar que existe una política educativa, en la última década se ha producido importantes avances para convertir el tema educativo en asunto público y de la sociedad civil, tal como se expresa en lo consensuado por el Proyecto Educativo Nacional (2006)[1]; aunque el despropósito, sigue merodeando las puertas de nuestros burócratas que apuestan, por el contrario, a sostener cambios en el currículo sin revisar lo avanzado en dicho acuerdo y, de otro lado, una incómoda descalificación de la docencia, que se disocia de los propósitos efectivos de recalificación y revaloración de la carrera docente.
© Gonzalo Espino, junio 2008
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